Penalizarán asentamientos irregulares: Proponen 6 años de prisión a quien lo fomente

En Tamaulipas se analiza aplicar penas de dos a seis años de cárcel y multas de hasta 103 mil pesos a quienes avalen y fomenten la creación de nuevos asentamientos irregulares en la entidad.

La medida presentada por la diputada de Morena, Nayeli Lara Monroy, surge a raíz de la proliferación de asentamientos irregulares por todo Tamaulipas, con mayor incidencia en los últimos años por el crecimiento de la mancha urbana.

 

 

DATOS

De acuerdo con datos del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (Itavu) existen 230 asentamientos humanos irregulares, de los cuales, 100 son de reciente creación.

Por ello, se plantean reformas a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, al Código Penal de Tamaulipas y a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. 

Se planean penas para los servidores públicos que omitan interponer las denuncias, a pesar de tener conocimiento de la creación de nuevos asentamientos irregulares, así como a los que apoyen a los «falsos líderes sociales» que engañan a las familias que buscan obtener una vivienda.

«Es por ello que no podemos evadir por más tiempo el grave problema que representan los asentamientos humanos irregulares», aseveró la diputada.

Dentro de las causas que generan la proliferación de asentamientos irregulares en los municipios obedecen a factores políticos, económicos, sociales e institucionales.

  • Entre ellos se encuentran los «falsos líderes sociales», que aseguran tener vínculos con políticos, buscando obtener beneficios económicos al invadir los terrenos con o sin consentimiento de los propietarios legítimos.

Al igual que los propietarios de los terrenos que buscan evitar requerimientos legales para la venta de los predios, sabiendo que los terrenos no son susceptibles a la urbanización, y  que personas de buena fe pretendan obtener un patrimonio para su familia y desconozcan los requerimientos del marco jurídico que les da certeza.

Así como los funcionarios públicos que desvían hacia los asentamientos humanos irregulares servicios públicos, dotando de una falsa certeza a las personas que habitan esos predios y los servidores públicos que buscan impulsar su carrera política para obtener el apoyo de las personas que habitan los asentamientos irregulares.

Ante la omisión de los municipios de atender el crecimiento de los asentamientos, incide en pobreza, daños a la salud, inseguridad, deterioro ambiental, discriminación y la imposibilidad de que las personas puedan ejercer sus derechos ciudadanos más básicos, como por ejemplo, ostentar un domicilio.

Se busca ampliar el término de asentamiento irregular para quedar como sigue: «El conjunto de terrenos fraccionados o subdivididos que fueron ocupados sin la documentación legal que acredite su propiedad, las personas que habitan en estos asentamientos suelen autogestionar su vivienda y servicios y se ubican en zonas que no fueron evaluadas por la autoridad local competente, para determinar si el suelo ocupado es apto para ser urbanizado».

Las reformas obligarán a los municipios a realizar un programa anual de monitoreo que le permita detectar nuevos asentamientos irregulares y facultades para denunciar los actos relacionados a ellos.

Por tanto, los líderes sociales que promueva los asentamientos irregulares, sin previa autorización del municipio o la autoridad correspondiente, podría recibir penas de dos a seis años de prisión.

Fuente: El Mañana.

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