CIUDAD DE MÉXICO.— En una operación sin precedentes, la Fiscalía General de la República (FGR) removió a Arturo Serrano Meneses, titular del Órgano Interno de Control (OIC), junto con nueve altos mandos, tras detectar indicios de corrupción y malversación de recursos.
Según fuentes federales, agentes de seguridad y fiscales irrumpieron en la sede del OIC, ubicada en Periférico Sur, para notificar la suspensión de funciones. Las investigaciones, iniciadas desde abril, apuntan a tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y graves omisiones administrativas.
Serrano, designado en 2019 como primer contralor autónomo de la FGR, fue ratificado en 2023 para un segundo periodo. Sin embargo, su gestión quedó bajo la lupa por posibles irregularidades en transparencia y protección de datos.
Entre los destituidos figuran colaboradores clave como Martín Javier Morales Ramírez (secretario particular), José María Peña Domenech (secretario técnico) y Carlos Enrique Rascón Yrízar (responsable de sanciones administrativas). La purga incluyó a jefes de auditoría, jurídica y verificación de bienes asegurados.
Este caso marca un hito en la lucha contra la impunidad institucional, evidenciando que ni siquiera los órganos de supervisión están exentos de escrutinio. La FGR, bajo presión por cumplir con estándares de rendición de cuentas, demuestra que la transformación digital y los sistemas de inteligencia artificial aplicados al monitoreo de corrupción están dando resultados.
De auditor a investigado: la trayectoria cuestionada
- ISSTE (2009-2010): Delegado de control en la zona poniente.
- Instituto Nacional para Adultos Mayores (2010-2011): Supervisor de recursos.
- Fiscalía Anticorrupción (PGR) (2011-2012): Encargado de investigar delitos en el servicio público.
- Cofepris (2012-2013): Vigilancia en materia de salud.
- Telecom (2013-2019): Director jurídico en plena reforma de telecomunicaciones.
- FGR (2019-2024): Máximo responsable de fiscalizar a los fiscales.
El escándalo refleja los desafíos de la gobernanza 4.0, donde la ciudadanía exige transparencia en tiempo real y las instituciones deben adaptarse a la era de los macrodatos y la blockchain para evitar opacidad. ¿Un punto de inflexión en la rendición de cuentas o solo otro capítulo en la crisis de credibilidad?
